“La prueba diabólica (en latín, probatio diabolica) o prueba inquisitorial es una expresión del ámbito del Derecho que describe la práctica de exigir una prueba imposible. En una probatio diabolica el interpelado deberá, por ejemplo, demostrar que algo no ha ocurrido, la inexistencia de algo, o su propia inocencia en un proceso judicial, cuando lo correcto según el Derecho moderno es que la «carga de la prueba» corresponde a quien ha de probar la existencia de algo, o probar la culpabilidad.
La verdad es que me da pudor escribir sobre este tema porque parece que lo esté haciendo a favor de Sortu, que sinceramente creo que es un partido que nace con el enorme lastre de un pasado tenebroso.
También pienso que cada vez que hablamos defendiendo su legalidad hacemos daño a las víctimas. Un daño que creo que es inevitable pero que a mí me molesta causar.
Para eso está el estado de derecho, para que la ciudadanía pueda pactar una convivencia en paz bajo su amparo. Este amparo está por encima del acuerdo privado, y si por casualidad alguien, algún partido, algún sistema de partidos lo privatiza como vemos que están haciendo nuestros partidos políticos, acabaremos con el amparo y con la posibilidad de que bajo su paraguas podamos sentirnos en paz para articular una convivencia que comience a restañar heridas.
Desde luego creo que las personas que imparten justicia son más sabias que yo. Sin duda. Pero también creo porque lo veo todos los días, que hay mercenarios del derecho, y que si una materia se presta a ser mercadeada en democracia, esta parece ser que es el derecho.
Ahora argumentan esto, pero mañana argumentarán lo contrario, y será perfectamente válido dependiendo de que trabajen o no para el poder que legitime los argumentos, el cliente que los pague, o lo astutos que sean los técnicos jurídicos usando su dialéctica..
Bueno, así lo hemos querido y nos ha parecido hasta ahora que este era un buen sistema.
Pero precisamente desde la lógica jurídica extraña sobremanera esta sentencia del supremo que parece según las informaciones de El País, que se inclina por un “ NO a la legalización mientras el transcurso del tiempo no confirme o desmienta los indicios contradictorios existentes. Con la posibilidad de que la decisión definitiva la ofrezca el Tribunal Constitucional”
Pues bien, dos cosas: parece que se deberían de buscar pruebas de la existencia de esa relación o de la existencia de aquello que permitiera la ilegalización de Sortu.
Parece, también, que es imposible buscar pruebas de la No existencia de relación en tanto que es imposible la prueba negativa, es decir buscar pruebas que por su naturaleza no existen.
Ahora bien estas pruebas inexistentes que se exigen son, parece, sustituidas por argumentaciones subjetivas del gobierno, de los jueces, de la prensa, de dios sabe quién y con qué intenciones, aunque espero que buenas. Pero son intenciones, y por tanto suponen ya una quiebra de las garantías que deben acompañar a las decisiones judiciales no?
Por otro lado, ya se comenta entre la ciudadanía, lo que efectivamente está pasando. El supremo no legaliza y el Constitucional, ya una vez pasadas las elecciones, dice que sí.
La verdad es que esto no es muy garantista porque a bote pronto se están cercenando los derechos fundamentales de una buena parte de la población y aquí no cabe la Ley del talión. O sí?
A una le cabe pensar que unos y otros actúan de buena fe, y que este intrincado paso a la legalidad de Sortu forma parte una progresiva democratización forzada que imponen las instituciones garantes del estado de derecho a un partido que, como digo, ha sido parte de nuestras tinieblas.
En fin, es nuestra sociedad. Seguimos no teniendo la mejor pero… tenemos la menos mala?
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